1. Introducción
El sistema de control de responsabilidades en el sector público en el Perú es un conjunto de medidas y mecanismos destinados a garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos, basado en 3 pilares institucionales muy fundamentales, como: La Contraloría General de la República, Procuraduría Pública y El Ministerio Público.
2. Eficiencia del sistema de control
El sistema de control de responsabilidades en el sector público en el Perú ha sido objeto de diversas críticas por su falta de eficiencia para prevenir y sancionar la corrupción y otros actos ilegales cometidos por los servidores públicos. Como por ejemplo en el caso Odebrecht el cual fue uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia del país, que involucró a la empresa brasileña Odebrecht en el pago de sobornos a funcionarios peruanos a cambio de obtener contratos públicos. A pesar de que se inició una investigación y se llevó a cabo diversas detenciones, muchos de los implicados en el caso no han sido sancionados y algunos incluso han logrado escapar del país. Sin embargo los mecanismos de control, no solo deben propiciarse desde una óptica posterior a la comisión de un hecho, sino previa, es decir que se fomenten una cultura de prevención, mediante el cual se pueda mitigar la concurrencia de actividades infractoras.
3. ¿Cómo ha afectado la corrupción al sistema de control de responsabilidades en el sector público en el Perú?
Si partimos por entender que un poder del estado llamado Poder Judicial es el ente público, que en mayor medida ostenta la facultad de sancionar conductas antijurídicas y que por antonomasia tiene a la justicia como el valladar a alcanzar, podemos concluir que la tergiversación de sus fines conllevaría a un resquebrajamiento abrupto de todo el sistema de control que se pueda propiciar previamente, cuando al final al evaluarse las sanciones jurídicas correspondientes en dicho fuero, estas no sean las jurídicamente acordes al esquema constitucional y legal.
La existencia de prácticas corruptas dificulta la labor de las entidades encargadas de supervisar y fiscalizar la gestión de los recursos públicos, y debilita la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de velar por el interés público.
Un ejemplo reciente de cómo la corrupción ha afectado al sistema de control de responsabilidades en el sector público en el Perú se refiere al escándalo de corrupción que involucró al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). En 2018, se destapó una red de corrupción dentro del CNM que permitió la venta de plazas en el sistema judicial a cambio de sobornos. La revelación de este caso utiliza la destitución del CNM y la apertura de investigaciones penales contra varios jueces y fiscales implicados.
Con ello se evidenció como el sistema de control de responsabilidades en el sector público en el Perú ostenta ciertas falencias de control, lo cual conlleva a proponer la necesidad de fortalecer la capacidad institucional de las entidades encargadas de la fiscalización.
El Tribunal Constitucional el uno de julio de 2021, expuso en el EXP. N.º 00383-2021-PA/TC LA LIBERTAD, fundamento 9:
“(…)Asimismo, el control gubernamental, de acuerdo con el artículo 6 de la misma ley “consiste en la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión pública, en atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado, así como del cumplimiento de las normas legales y de los lineamientos de política y planes de acción, evaluando los sistemas de administración, gerencia y control, con fines de su mejoramiento a través de la adopción de acciones preventivas y correctivas pertinentes”.
4. Reflexiones finales
La eficiencia del sistema de control de responsabilidades en el sector público en el Perú es un tema que debe ser tomado con mucha rigurosidad y seriedad puesto que si bien se han implementado diversas medidas para prevenir y sancionar actos de corrupción aún persisten casos de corrupción que demuestran que el sistema no ha sido lo suficientemente eficaz. El uso de los recursos públicos debe procurarse bajo los principios eficacia y eficiencia, aunado a ello, establecer la mayor optimización de los recursos, en virtud de lograr el desarrollo social, que se estima como finalidad de un adecuado control gubernamental.
Bibliografía
Tribunal Constitucional. Sentencia N.º 00383-2021-PA/TC La libertad, 01 de Julio del 2021.
