El principio de neutralidad del funcionario público es una norma ética y jurídica que establece que los funcionarios públicos deben desempeñar sus tareas y actividades de manera imparcial, sin favorecer a ningún grupo o individuo en particular. Esto significa que los funcionarios públicos no deben involucrarse en actividades políticas, económicas o sociales que puedan afectar su capacidad para desempeñar sus tareas de manera objetiva y neutral. En el Perú, la Constitución establece que los funcionarios públicos deben desempeñar sus tareas con lealtad a la Constitución y el interés público, y con absoluta imparcialidad.
La neutralidad del funcionario público es esencial para garantizar la confianza del público y legitimidad de la administración pública. Si los funcionarios públicos se ven comprometidos por intereses personales o políticos, pueden tomar decisiones que favorezcan a ciertos individuos o grupos en menoscabo de otros, lo que socava la confianza de la administración pública. Es por eso que el Código de Ética de la Función Pública regula el comportamiento de los funcionarios públicos en el Perú. En esta ley establece que los funcionarios públicos deben desempeñar sus tareas con imparcialidad, transparencia, neutralidad y lealtad al interés público.
Sin embargo, el principio de neutralidad del funcionario público no significa que los funcionarios públicos deban ser completamente aislados de la sociedad e indiferentes a los sucesos nacionales. De hecho, los funcionarios públicos deben estar siempre al tanto de las preocupaciones y necesidades de la comunidad para poder tomar decisiones informadas y sensatas. Sin embargo, deben evitar involucrarse en actividades que puedan comprometer su neutralidad, como participar en actividades políticas o expresar abiertamente opiniones políticas utilizando sus redes sociales u otros medios de comunicación masiva.
En resumen, el principio de neutralidad del funcionario público es esencial para garantizar la confianza del público en la administración pública. Los funcionarios públicos deben desempeñar sus tareas de manera imparcial, sin favorecer a ningún grupo o individuo en particular y evitando involucrarse en actividades que puedan comprometer su neutralidad y desempeñar sus tareas con lealtad a la Constitución y el interés público.
